Amenaza de desalojo del campamento de Carabanchel Alto

En Carabanchel Alto, en un descampado junto a la Plaza 6 de diciembre, hay un poblado de chabolas. En él, han encontrado un espacio de cierta tranquilidad familias españolas, rumanas y búlgaras. ¿Tranquilidad en un núcleo chabolista? Sí, cuando la alternativa es la calle o los pueblos arrasados que los que vienen de lejos dejaron atrás: en este poblado han podido escolarizar a los niños y obtener atención médica para varias personas afectadas por cáncer o enfermedades del corazón... En él, los niños pueden corretear y jugar sin el peligro de que les atropelle un coche y los adultos trabajar reciclando chatarra que recogen de la calle: un recurso para ir tirando cuando se está realmente sin blanca, sin patrimonio ni líneas en el curriculum.

Tranquilo cuando no recibe amenazas de enviados de la propiedad, Cabarrus S.L., una promotora inmobiliaria que tiene lucrativos planes para los terrenos en los que se yerguen estas chabolas. Tranquilo cuando no se pasa la policía a hacer una de sus visitas habituales, en ocasiones hasta dos veces a la semana. El pasado 12 de diciembre, tuvo lugar la más dura. Llegaron por la noche. Buscaban a sin papeles entre las familias. Entraron en las chabolas, sacaron a la gente, pusieron patas arriba estas pequeñas casas improvisadas de latón y cartones. Desaparecieron dvds, móviles, adornos de oro. Separaron a los niños de todas las familias sin permiso administrativo de residencia y se los llevaron a un centro, mientras sus padres ingresaban en el Centro de Internamiento para Extranjeros. Su único delito: vivir en un país en el que no nacieron. Y que a Rumania y Bulgaria aún les quedan unos meses para entrar en la Unión Europea. Algunos salieron al día siguiente. Otros se quedaron en el CIE hasta 40 días y luego fueron deportados. ¿Cuánto dinero se gastó en esta deportación de gente que dentro de no tanto tiempo podrá venir legalmente a España? Pregúntenselo al Ministro de Interior.

Tranquilos cuando no llegan malas noticias. Como la que llegó el 31 de noviembre: disposición judicial de lanzamiento. El juzgado número 17 les invita a abandonar el lugar. De lo contrario, el miércoles 13 de diciembre, una comisión judicial llegará acompañada de la policía para expulsarles. «¡Bonito regalo de navidad!» –dicen con amarga ironía. Y preguntan: «¿expulsarnos a dónde?». Interesante pregunta sin respuesta, cuando el derecho de una inmobiliaria a sacar ingentes beneficios prima sobre el derecho de un buen número de familias a no tener que mal vivir en la calle. Servicios Sociales ha ofrecido a algunos de ellos, para que la expulsión no sea excesivamente masiva, escandalosa, plazas en los campamentos dirigidos y aislados creados por el programa APOI para la «integración de poblaciones inmigrantes nómadas»: nuevos guetos, convenientemente alejados de otras poblaciones, donde cada gesto de la vida está sometido a control. ¿Es esta una solución? En primer lugar, no es una solución para todos, así que ¿qué pasará con el resto?, ¿con sus niños?, ¿con las personas que necesitan tratamiento médico? Pero, además, los habitantes del descampado de Carabanchel Alto se quejan de que «en esos campamentos no hay nada. Están muy lejos, mal comunicados, y eso hace más difícil ir a buscar trabajo, y no nos dejan reciclar chatarra, con lo cual, ¿de qué vamos a vivir? ¿De dónde va a salir el dinero?».

«Que nos dejen vivir aquí, por lo menos hasta el verano» –dice uno de ellos. Otro añade: «¡no puede ser legal desalojar a familias en pleno invierno!». Pero sí que lo es: por desgracia, lo legal y lo justo no son sinónimos. Como dicen ellos: ¡Bonito regalo de navidad! Y no sólo para estas familias, que tienen derecho a una vida digna como cualquiera, sino para la ciudad de Madrid, para todos los que vivimos en ella. Porque hay que armarse de grandes dosis de cinismo y ensimismamiento para que no se te atragante el pavo navideño mientras las calles de tu ciudad se llenan cada vez de más gente que se ve abocada a vivir a la intemperie.

Actualización del miércoles 29 de noviembre

Justo antes de colgar este artículo, recibimos una llamada desde Carabanchel Alto. La policía había entrado en el campamento. Una redada, al parecer. Cuando llegamos allí, se habían llevado a todos los hombres «para identificarles» (¿acaso para meterles el miedo en el cuerpo antes del desalojo, no vaya a ser que se les ocurra algún tipo de resistencia?). A las mujeres las habían dejado irse, a llevar a los niños al colegio. Algunas chabolas estaban literalmente destrozadas, lo cual significa: inhabilitadas para seguir guareciendo a sus habitantes. Cuarenta policías registraban todo el campamento y requisaban coches y objetos. Poco antes de marcharse, unos diez policías se subieron a un montículo y posaron cual héroes para una foto. Ignoro de qué se enorgullecían. Se lo preguntamos: «es para tener un recuerdo de cómo vive esta pobre gente» -contestaron. Enigmática respuesta, donde el paso entre llamar a alguien pobre y deshumanizarlo, es decir, no considerarlo digno de respeto, sujeto de derechos, es demasiado pequeño. La cuenta atrás para el desalojo de este campamento continúa.